“Un crimen presidencial” por Alexander Luzardo

El presidente de la República Nicolás Maduro, decidió consumar un viejo plan de los desarrollistas, eliminar el Ministerio del Ambiente, y adscribirlo como viceministerio al ministerio de la vivienda, hábitat y ecosocialismo. El Ministerio del Ambiente fue creado por ley, en el año 1977, luego de sancionada la Ley Orgánica del ambiente en 1976.

Fue el primer ministerio ambiental creado en América latina, después de la histórica conferencia de las Naciones Unidas sobre medio ambiente humano, del año 1972, celebrada en Estocolmo, que dio origen al moderno derecho ambiental y una concepción política, social y económica, que alcanza su madurez en la cumbre de la tierra, de junio de 1992, con la síntesis del desarrollo sustentable.

Coincide ese periodo con la crisis de los paradigmas del desarrollo clásico, así como también las aplicaciones militares e ingenieriles, fundadas en las cosmovisiones de dominio de la naturaleza, en donde prevaleció la idea de un desarrollo ilimitado e intensivo de las fuerzas productivas, particularmente la explotación de materias primas y el uso voraz del ambiente en general.

Al mismo tiempo el propio desarrollo de la ciencia y la tecnología puso en práctica el error y el horror nuclear. Llegó el cambio climático antropogénico, con sus catástrofes socionaturales, el deshielo de los casquetes polares, unido a la contaminación de los océanos, los ríos y demás cuerpos de agua dulce, los desechos tóxicos, la merma de la biodiversidad, la degradación de las tierras de vocación agrícola.

Todo este cuadro se vincula con el agotamiento de gran parte de la base de recursos del planeta, la crisis hídrica, la pobreza extrema y la crisis civilizatoria, que en conjunto evidencian el fracaso histórico de todos los proyectos políticos y económicos, propuestos como alternativos al capitalismo salvaje (Papa Juan Pablo II), particularmente los socialismos: soviético, chino, y de Europa del este y sus variantes, profundamente depredadores del ambiente, consumidores de combustibles fósiles, amén de una economía ineficiente, insustentable, nuclearizada y sin libertades ni civiles ni políticas.

PLANIFICACIÓN CON CONTENIDO
Nació el ministerio parauna planificación ambiental, la ordenación del territorio y la promoción de una economía sostenible y sustentable, en un país totalmente dependiente del petróleo. Con gran apoyo científico e institucional nacional, CONICIT, universidades y especialmente de los Programas de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD y Medio Ambiente, PNUMA.

La expresión más acabada de esa iniciativa técnica, fue el estudio “Los sistemas ambientales de Venezuela”, constituido por más de cien tomos, base fundamental para un nuevo tipo de planificación, con contenidos ambientales, que replanteó el viejo esquema de la planificación socioeconómica liderizada desde Cordiplan y las empresas petroleras trasnacionales.

El Ministerio del Ambiente completó la creación del sistema nacional de parques nacionales y monumentos naturales y demás áreas naturales, las denominadas Áreas Bajo Régimen de Administración Especial, ABRAE.

Más del 15% del territorio fue protegido como parques nacionales y monumentos naturales. Más del 40% fue protegido bajo distintas figuras que en conjunto han permitido un paraguas protector del futuro, ante un proceso de depredación y contaminación grave originado en la colonia.

Desde su nacimiento, los constructores, mineros y las empresas petroleras, siempre trataron de colonizarlo y colocar gente en lugares clave que pudieran entregar permisos, sin ninguna exigencia. Incluso, hubo varios ministros proclives a la minería, pero siempre fueron limitados por los propios profesionales del ministerio; las luchas ambientales, los medios de comunicación y el control que se ejerció desde las comisiones de ambiente de senadores y diputados impidieron muchas veces daños ambientales. También creando leyes de avanzada, realizando interpelaciones, debates e investigaciones. Prácticas desaparecidas en la actual Asamblea.

INTENTOS ANTERIORES
En 1990, surgió una iniciativa desde el Ministerio de Relaciones Interiores, que presidía Luis Piñerúa, para que en el marco de la reforma del Estado, se eliminara o fusionara Ambiente, creando un Ministerio de Infraestructura.

Posteriormente en la segunda administración del presidente Rafael Caldera, surgió otra iniciativa, del entonces ministro Roberto Pérez Lecuna, quien era partidario de crear o fusionar el Ministerio del Ambiente, en un Ministerio de Obras Públicas, al estilo del antiguo MOP.

En 1997 durante la gestión del ministro Martínez Monro, cuando se aprobó el decreto minero de Imataca, quien escribe este recuento histórico recibió llamadas y solicitud de reuniones, del entonces candidato Hugo Chávez, para apoyo técnico y comunicacional. Él mismo apoyó la lucha contra el famoso decreto 1.850.

El 26 de noviembre de 1998, a diez días de su victoria electoral, se llevaron cabo en el Hotel Hilton, las Jornadas Ecológicas con Hugo Chávez, donde intervinimos ambos ante más de dos mil ambientalistas y organizaciones de todo el país. Allí se aprobó una declaración y 85 conclusiones, donde se incluía expresamente el fortalecimiento del Ministerio del Ambiente.

Un mes después del triunfo, cuando el presidente electo organizaba su gabinete, volvió a surgir la tesis de eliminar o fusionar el Ministerio del Ambiente, por uno de infraestructura, lo cual provocó un rechazo del sector ambiental.

El proceso constituyente, que apenas duró seis meses, sirvió para impulsar, proponer y lograr la aprobación de los derechos ambientales, en un capítulo, dentro del título de los derechos humanos y garantías y de los deberes y 34 artículos más, distribuidos en todos los títulos y en el preámbulo.

Tal como lo señalamos desde 1999, lo más novedoso de la Constitución fueron los derechos ambientales e indígenas, con los que se lograba actualizar derechos denominados de tercera y cuarta generación. Se acogió la tesis presentada sobre los derechos transgeneracionales, contenidos en el artículo 127 constitucional, articulado que redactamos en el marco de la campaña electoral de 1998, y fue afinado en el proceso constituyente y la consulta pública.

GEOMETRÍA CONFUSA DE CHÁVEZ
Un nuevo intento de alterar los derechos ambientales surgió con el proyecto de reforma a la Constitución presentada por el difunto presidente Chávez, en el año 2007, complementada o modificada por la Asamblea, en el cual se planteaba, la llamada geometría del poder, que confunde ambiente, ordenación del territorio y división política territorial.

Confusión que siempre estuvo presente en Chávez desde el programa de gobierno de 1998, pues sostenía que había que eliminar estados y reducirlos a ocho entidades.

En el proyecto de reforma positivista de la Constitución, mezclaba conceptos y términos de uso común en arquitectura, de geopolítica militar, la llamada geografía radical de Doran Massei, combinada con la propuesta de Fig, regiones, ciudades socialistas, comunas, y así por el estilo, creadas artificialmente, pudiendo ser eliminadas, en un alarde de voluntarismo extremo.

Detrás de la eliminación del Ministerio del Ambiente, se encuentran los intereses mineros, carboníferos, petroleros y de la construcción, que se plantean intervenir áreas protegidas.

Subyace una concepción stalinista del poder, mezclada con el polpotismo camboyano, que tanta influencia ejerció en algunos sectores de organizaciones de izquierda. En ese contexto se replantea el territorialismo, como control del proyecto político y no solo la hegemonía. De allí la creación artificial de entidades, comunas, burocracias, vicepresidencias, inconstitucionales, esquemas, maquetas, todo teledirigido desde el poder y la renta petrolera, sin duda insustentables.

El Ministerio del Ambiente ha tenido bajo su jurisdicción, a través de Inparques, el 15% del territorio conformado por parques nacionales y monumentos naturales, a los cuales se les dio protección constitucional (artículos 127, 128 y 327, y el preámbulo), también ha tenido dentro de su jurisdicción y regulación más del 40% del espacio geográfico-territorio-ambiente, un paraguas protector que ha impedido la destrucción ambiental, más allá de los graves daños, ya acumulados.

El presidente Maduro pretende realizar el sueño de los desarrollistas, de los urbanistas irresponsables, de la minería de los intereses petroleros, que quieren repartirse el territorio, incluyendo el Amazonas, Bolívar, Sierra de Perijá, los Llanos, el Delta del Orinoco.

EL AMBIENTE COMO ESTORBO
El territorialismo asume el espacio geográfico, el ambiente, su biodiversidad, como un estorbo, bajo una concepción antropocéntrica, aunque ahora se llame Ministerio de la vivienda, hábitat y ecosocialismo. Los derechos ambientales establecidos en la Constitución venezolana, son más avanzados que todas las propuestas socialistas, o el denominado ecosocialismo.

Los derechos ambientales, constituyen un eje transversal a lo largo de la Constitución, la ordenación territorial establecida en el artículo 128, quedó subsumida en el capítulo ambiental. Bajo ningún concepto la territorialidad, la ordenación territorial puede ser entendida como más incluyente que el ambiente total, por lo menos en la Constitución de 1999. Ello justifica plenamente un Ministerio del Ambiente, que va más allá de la lógica territorial.

INVOCANDO EL 127
La política territorialista, nos retrotrae a las peores épocas de la planificación soviética, de Polt Pot y la banda de los cuatro de la China de Mao; de consumarse ese esquema, Maduro pasará a la historia como el presidente ecocida, el rey del extractivismo.

Invoco responsablemente el encabezamiento del artículo 127 de la Constitución, el cual tuve el honor de elaborar y proponer a la comisión constitucional, acogido por la plenaria, y por el pueblo que votó la Constitución el 15 de diciembre de 1999: “es un derecho y un deber de cada generación proteger y mantener el ambiente en beneficio de sí misma y del mundo futuro”.

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Alexander Luzardo Nava: autor principal de las disposiciones ambientales de la Constitución venezolana de 1999. Doctor en derecho político, summa cum laude, profesor titular Faces-UCV, expresidente de la Comisión de Ambiente del Senado.

1 Comments on this post

  1. buen articulo, hay que demandar a este gobierno, depredador y garinpeiro, que viola la constituciòn, Art: 127, el problema que con un tribunal al servicio del gobierno y no de la constitucionalidad ni del pueblo, hay que convocar al pueblo, a defender las reservas de imàtaca y a nuestros indigenas, contra la entrega del pais a los consorcios internacionales, no a la privatizaciòn de la patria, estos son los verdaderos entreguista del paìs, fuera las mineras transnacionales!!

    orlando oberto urbina / Responder

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